La FeVA respondió a las declaraciones de Javier Iguacel, destacando las consecuencias negativas de eliminar a las entidades de colegiación veterinaria, lo cual generaría mayor gasto para el Estado, menor resguardo de la salud humana, de los animales, del medio ambiente.
La Federación Veterinaria Argentina repudia las expresiones del precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el PRO, Javier Iguacel, quien prometió que en caso de ganar las elecciones bonaerenses “eliminaría la obligatoriedad de los profesionales de matricularse en los Colegios correspondientes”.
Consideramos que es notoria la orfandad de conocimientos elementales del derecho en cuanto a las consecuencias que se derivarían de tal decisión.
Así, es más que evidente que el precandidato mencionado ignora que la consecuencia inevitable es que el Estado deberá ejercer el contralor de las matrículas de los profesionales y su Ejercicio Ético, lo cual está previsto en el artículo 75 inc. 30 de la Constitución Nacional.
Eso implicaría que se “agrandará” el Estado con mayores erogaciones a fin de cumplir las funciones que hoy -para el Estado- tienen costo cero, al haber delegado el poder de policía a los Consejos y Colegios de profesionales.
La sociedad debe saber que todos los Consejos y Colegios de Profesionales revisten el carácter de personas jurídicas públicas no estatales y que todos sus integrantes no perciben remuneración ni del propio Colegio o Consejo ni del Estado. Pero todos ellos están bajo la supervisión estatal.
Los Consejos y Colegios profesionales son quienes, controlando el ejercicio de sus matriculados, efectivamente resguardan la salud humana, de los animales, del medio ambiente, las distintas relaciones con la sociedad, y propenden a la erradicación del ejercicio ilegal de las profesiones. Además, entre sus funciones está la de gestionar, proponer ante los poderes públicos acciones para el control y prevención de zoonosis, capacitación y mejoramiento de planes de estudio, etc.
Simplificar la función de los mismos al “mero control de la Matrícula”, es ignorar que lo recaudado en tal concepto se emplea eficazmente en mejorar, desde su respectiva ciencia, el bienestar social previniendo el deterioro de los derechos de todos.
Los Consejos y Colegios de profesionales no lucran, cumplen funciones delegadas por el Estado y para éste no tiene costo alguno.
